Las respuestas de Natalia Contini a vecinos en redes sociales reabren un debate incómodo: cuándo la gestión pública se transforma en una pelea personal y qué responsabilidad tienen los funcionarios frente a la crítica ciudadana.

Las redes sociales se han convertido en una extensión inevitable de la gestión pública. Allí conviven anuncios oficiales, reclamos vecinales y debates legítimos. Pero cuando quien gobierna confunde ese espacio con un ring personal, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser institucional.

En las últimas horas, la intendenta de Anisacate, Natalia Contini, respondió a un vecino que cuestionaba la gestión con expresiones que exceden largamente el marco de una función pública, tratándolo de “zurdo resentido”. No se trató de una explicación, ni de un contrapunto de ideas, sino de una descalificación directa: puso en duda si el vecino vivía en la localidad y lo etiquetó ideológicamente como forma de clausurar el diálogo.

El episodio no es menor. No porque el vecino tenga razón en todo —eso siempre es debatible—, sino porque no existe simetría entre un ciudadano y una funcionaria pública. El primero opina, reclama, se equivoca o exagera. La segunda representa al Estado, administra recursos comunes y tiene la obligación de responder con argumentos, no con ironías ni agravios.

Aquí aparece el núcleo del problema: el personaje le ganó al rol. La intendenta dejó de hablar como autoridad institucional para reaccionar como usuaria de redes, desde la lógica del “me gusta”, el aplauso y el enfrentamiento. Esa lógica es funcional al clima actual de la discusión pública, cada vez más chata, más emocional y menos racional.

¿Por qué prolifera este estilo? Porque las redes premian el golpe rápido, la frase filosa y la humillación del otro. El algoritmo no valora la explicación compleja ni el debate profundo; valora la confrontación. Y muchos dirigentes, lejos de resistir esa tentación, la adoptan como método.

El problema es que gobernar no es administrar likes. Cuando la política se desliza hacia una lógica “bulinera”, más cercana al recreo de un colegio secundario que a una mesa de adultos discutiendo gestión pública, lo que se degrada no es solo el tono: se degrada la democracia local.

Un funcionario puede defender su gestión con firmeza. Puede refutar datos, explicar decisiones e incluso marcar límites frente a la agresión. Lo que no puede hacer es descalificar al vecino por quién es, por lo que piensa o por cómo reclama. Ahí se rompe el contrato simbólico entre gobernantes y gobernados.

Anisacate no necesita una intendenta que gane discusiones en redes. Necesita una conducción capaz de escuchar, explicar y tolerar la crítica, incluso cuando incomoda. Porque cuando la política abandona el debate de ideas y se refugia en la burla, el que pierde no es el vecino que comenta: pierde la institución que debería representarlo.