La ampliación de la red de gas en Villa Los Aromos expuso mucho más que una discusión técnica sobre cañerías y costos. La llamada “charla informativa” realizada en el SUM comunal dejó al descubierto un modo de gestión que repite errores del pasado: decisiones inconsultas, información tardía y una profunda desconexión entre la conducción política y la comunidad.

El eje del conflicto está en el costo para los vecinos: 42 dólares por metro lineal, una cifra que, traducida a pesos, multiplica varias veces lo que abonaron quienes fueron beneficiados en la primera etapa de la obra, entre ellos el propio presidente comunal. La desigualdad entre etapas, la falta de herramientas para amortiguar el impacto económico y la decisión de dolarizar el valor generaron un rechazo inmediato.

A esto se suma la opacidad en los plazos y en el desarrollo de la obra. La paralización durante más de dos meses por falta de fondos comunales, las irregularidades técnicas detectadas por Ecogas y la intervención de organismos de control contradicen el relato oficial de normalidad. Más grave aún: la ausencia del Registro de Oposición previsto por la normativa deja en evidencia que la obra avanzó sin el consenso mínimo exigido.

El trasfondo político no es menor. La gestión actual parece repetir la lógica de la etapa anterior: avanzar sin diálogo, minimizar las críticas y convocar a los vecinos recién cuando llega el momento de pagar. Incluso la propia declaración del presidente comunal —cuando planteó la necesidad de crecer poblacionalmente para convertirse en municipio— revela una concepción del “progreso” más ligada a objetivos de poder que a un plan estratégico consensuado.

En una localidad con servicios deficitarios, presión impositiva creciente y vecinos que comienzan a irse, la obra de gas dejó de ser un símbolo de mejora para transformarse en un punto de quiebre. El debate ya no es solo sobre caños y metros lineales, sino sobre cómo se gobierna, para quién y con qué participación comunitaria.