La suspensión de las transferencias nacionales para sostener el sistema previsional coloca a Córdoba en una situación extrema. El gobernador desplegó advertencias sobre el desfinanciamiento y empezó a negociar con gremios y poderes del Estado para evitar un colapso.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a posicionarse en el centro de la escena política por una amenaza que el propio gobernador Martín Llaryora describió como “estar cerca del precipicio”.
La advertencia se produce ante la suspensión de los fondos nacionales que históricamente compensaban el déficit previsional, una decisión que obligó a la provincia a plantear un escenario financiero crítico y a repensar la estrategia para sostener los haberes de los jubilados.

Desde la Casa de Gobierno explican que el sistema previsional cordobés enfrenta un rojo operativo significativo: por un lado, el gasto total proyectado para 2026 supera ampliamente a los aportes que ingresan desde los activos. Para sostener la estructura, la provincia debería recurrir de manera creciente a recursos propios, algo que pone presión sobre las finanzas generales.

En este contexto, Llaryora lanzó una serie de alertas públicas sobre la falta de giros regulares por parte del Gobierno nacional, argumentando que la decisión de no enviar los fondos —que también incluye la deuda acumulada de ejercicios anteriores— coloca a Córdoba en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ante la ausencia de recursos sostenidos, el Ejecutivo provincial abrió una mesa de diálogo con los sindicatos estatales para debatir alternativas. Entre las propuestas evaluadas figura la posibilidad de aumentar los aportes personales de los trabajadores activos, una medida que genera rechazo en varios sectores gremiales al considerarla un ajuste indirecto.

Las críticas sindicales no se hicieron esperar: han calificado cualquier opción de aumento de aportes como “confiscatoria” y anunciaron movilizaciones frente a la Legislatura provincial, reclamando una solución que no afecte el ingreso de quienes aportan al sistema.

En paralelo, la administración provincial impulsa una estrategia de negociación judicial y técnica con la Nación, con el objetivo de que se reanuden los envíos que históricamente permitieron compensar los desfasajes del régimen no transferido. Esta disputa tiene ribetes institucionales, ya que Córdoba presentó reclamos ante la Corte Suprema para que se respeten los compromisos de coparticipación al sistema previsional.

La combinación de déficit creciente, presión sobre aportes activos y ausencia de fondos compensatorios llevó a Llaryora a plantear públicamente el riesgo real de que el sistema pueda “ver el precipicio” si no se encuentran soluciones a corto plazo. La advertencia no sólo es financiera sino también política, en un año marcado por tensiones fiscales entre provincias y la Casa Rosada.