Dos empleadas de la Comuna sufrieron una reducción de hasta el 44% en sus haberes. Dentro del pueblo crece la lectura de que el castigo estaría vinculado a no acompañar políticamente a la actual administración.

Villa Los Aromos vuelve a quedar bajo la sombra de decisiones poco transparentes, como en los tiempos de Nelly Morales. La administración de Daniel Pastorino parece caminar por la misma huella: discrecionalidad, opacidad y un manejo político del aparato comunal que no termina de rendir cuentas claras a los vecinos.

En las últimas semanas, dos trabajadoras comunales recibieron una reducción salarial abrupta, con descuentos que alcanzan el 44%. El recorte responde a la baja de un ítem que percibían hace siete años y que había sido ratificado por distintas gestiones. El golpe económico no solo sorprende por su magnitud, sino porque revierte unilateralmente una condición laboral sostenida en el tiempo.

Lo más llamativo es la manera en que se formalizó la medida.

La resolución Nº 1580/25 —con fecha de emisión 30 de octubre pero notificada recién el 19 de noviembre— no figura publicada en los canales oficiales. En la página institucional, el registro público salta de la resolución 1579 directamente a la 1582. Las ausencias documentales se vuelven patrón: publicaciones desfasadas, bloques de resoluciones sin acceso y documentos oficiales difundidos de forma discontinua. Para una gestión que debería regirse por ley, los vacíos son demasiado grandes para ignorarse.

La decisión lleva la firma política de Daniel Pastorino, pero muchos señalan también la influencia del secretario de Gobierno, Nelson Sánchez, señalado como posible sucesor electoral. Dentro del personal comunal hay quienes interpretan este acto como un mensaje disciplinador hacia empleadas que mantienen una postura crítica frente a la gestión. Algunas voces van más allá: sostienen que el recorte tendría un destinatario directo, una de las trabajadoras que habría denunciado tiempo atrás al propio Pastorino por acoso laboral.

Si la medida no se revierte, la Comuna quedará nuevamente expuesta a un litigio laboral. Sería otro más en una lista que crece desde el inicio de la gestión, y que terminará costándole dinero a la comunidad. Porque cuando se gobierna desde el enojo y la revancha, las sentencias no las paga el funcionario: las paga el vecino que cumple, trabaja y aporta.

El interrogante queda abierto:
¿Estamos ante una decisión administrativa o ante un acto disciplinador encubierto?

Mientras tanto, el daño ya está hecho. Y Villa Los Aromos vuelve a sentir el peso de un modelo político que confunde poder con impunidad.