La empresa a cargo de la obra acusa a la comuna de entregar “documentación deficiente”, mientras vecinos reclaman las mismas condiciones de conexión que tuvo el Presidente Comunal.

La red de gas domiciliario es un viejo anhelo en todas las localidades del valle de Paravachasca. Desde la construcción del gasoducto troncal, numerosos vecinos comenzaron a planificar la conexión y adecuación de sus viviendas para acceder al servicio.

Mientras localidades como La Serranita ya avanzan en su cuarta ampliación, y otras como Anisacate, La Bolsa o Valle de Anisacate muestran avances sostenidos, en Villa Los Aromos la segunda etapa de extensión de la red acumula demoras significativas y aún no tiene fecha de habilitación.

Ante la falta de respuestas del presidente comunal Daniel Pastorino, vecinos movilizados acudieron directamente a Ecogas y al ente nacional ENARGAS, quienes respondieron con documentación oficial que señala graves irregularidades en la obra.

“Se detectaron más de 900 irregularidades, todas contrarias a la normativa vigente”, informaron los organismos.

Entre las principales observaciones se destacan:

• Zanjeo insuficiente en profundidad.
• Uso de escombros en lugar de arena o tierra zarandeada para el tapado.
• Malla de advertencia mal colocada, pegada a la cañería.
• Cañerías vencidas o fuera de proyecto.
• Trazado dentro de propiedades privadas o en futuras calles.

La empresa ICEO, encargada de la ejecución, respondió señalando que la comuna entregó “documentación deficiente” sobre mensuras de calles y veredas, y que se negó a costear un profesional para realizar los relevamientos adecuados.
Esta falencia habría derivado en errores de trazado y la necesidad de rehacer amplios tramos de la red. Según la empresa, el costo de la nueva mensura ronda los 80 millones de pesos, que deberían ser afrontados por la comuna.

A las demoras técnicas se suma otro conflicto: los reclamos vecinales por el costo de conexión.
Los habitantes de Los Aromos recuerdan que durante la primera etapa, Daniel Pastorino —ya en campaña— y la ex presidenta comunal Nelly Morales se habrían beneficiado con extensiones no programadas y conexiones gratuitas.
En el caso de Morales, se habrían tendido más de 100 metros de cañería sin costo, y en el de Pastorino, solo dos conexiones en toda su cuadra, una a su domicilio y otra a una vivienda en construcción.

“Si él no pagó un peso, queremos el mismo beneficio”, sostienen hoy los vecinos que esperan la habilitación de la nueva etapa.

El dilema político y ético que se abre es claro:
¿Con qué autoridad puede exigir el pago un presidente comunal que —según los propios vecinos— se benefició de condiciones privilegiadas en una obra pública que hoy acumula retrasos y sobrecostos?