En la Audiencia Pública, Santiago Gamboa, miembro del concejo de la Cooperativa de Anisacate, cuestionó la tarifa 2026, denunció un mecanismo de recaudación agresivo hacia los contribuyentes y alertó sobre un esquema municipal que amenaza la sustentabilidad de la Cooperativa y habilita contrataciones con baja transparencia.

La Audiencia Pública realizada en el salón La Casona dejó una única voz crítica fuera del esquema oficial: la del vecino Santiago Gamboa, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa de Anisacate. Su intervención fue un cachetazo al relato del “aumento cero” y un repaso sistemático de los puntos más sensibles de la tarifaria 2026.

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Una convocatoria que excluye al vecino trabajador

Gamboa abrió su exposición marcando el primer problema: la propia convocatoria a la Audiencia.

Criticó los días y horarios elegidos, que imposibilitan la participación de quienes trabajan en Córdoba —la mayoría de los habitantes del valle—. “Una audiencia sin gente no es audiencia: es monólogo”, sostuvo. El planteo apuntó directo al corazón del mecanismo participativo: si no hay condiciones reales de acceso, la participación es apenas un gesto vacío.

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La trampa del ‘aumento cero’ y la máquina de judicializar a los vecinos

El famoso “aumento cero” para 2026, presentado como una bandera de gestión, también fue desmenuzado.
Según Gamboa, no es un beneficio sino un filtro: para acceder, los vecinos deben estar al día con tasas 2024 y 2025, que crecieron muy por encima de salarios e inflación.

El vecino reveló prácticas que considera abusivas:

• cargos de “intimación prejudicial” que equivalen a un simple WhatsApp,
• tasas por “apertura de carpetas” sin sustento,
• procuración agresiva que bloquea cuentas con apenas seis meses de mora.

“La gestión montó un cuerpo de abogados que judicializa pobres”, denunció. “En este contexto de crisis, es inhumano y rastrero”.

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El golpe a la Cooperativa y el riesgo de inconstitucionalidad

Como integrante del Consejo de Administración, Gamboa expuso el costo real que la ordenanza impone a la Cooperativa.

El municipio pretende cobrar:

• $35.000 por cada poste en la vía pública,
• $2.500 por cada conexión,
  sin brindar ninguna contraprestación.

El impacto anual ronda los $1.600 millones, una cifra que —según Gamboa— amenaza la sustentabilidad del servicio eléctrico en Anisacate, La Bolsa, Dique Chico y el Valle.

Además, advirtió que existen fallos y leyes nacionales que prohíben este tipo de gravámenes, lo que expone al municipio a juicios millonarios por inconstitucionalidad.
“¿De verdad quieren asumir esa responsabilidad frente a los vecinos?”, cuestionó.

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Contrataciones millonarias con baja transparencia

El cierre fue destinado al nuevo régimen de contrataciones que habilita la tarifaria.
Con la ordenanza, el municipio puede contratar de manera directa hasta $191 millones con solo tres presupuestos, un salto enorme respecto del límite anterior de $10 millones.

La frase final de Gamboa quedó flotando en el salón:

“Primero cómo la juntan, después cómo la gastan: la nuestra, la de todos”.

Y exigió volver a sistemas transparentes como licitaciones públicas o subastas electrónicas inversas, que eviten favoritismos y garanticen piso igualitario para proveedores.