La Comuna de Villa Los Aromos fijó su Asamblea Ordinaria en días y horarios laborales, una práctica que limita la participación vecinal. Denuncian además asistencia condicionada de empleados y el incumplimiento de decisiones votadas por la propia comunidad.

La Comuna de Villa Los Aromos oficializó la convocatoria a su Asamblea Ordinaria 2026 con fechas y horarios que, lejos de facilitar la participación, vuelven a instalar un esquema que restringe la presencia de vecinos. Tanto la primera convocatoria como el eventual segundo llamado fueron fijados a las 10 de la mañana en días laborales, lunes 20 y miércoles 29 de abril, una decisión que en la práctica deja afuera a gran parte de la comunidad que trabaja o estudia fuera de la localidad.

El contraste entre el mensaje institucional —que invita a “ser parte activa de la vida comunitaria”— y las condiciones concretas en las que se convoca expone una contradicción evidente. La participación ciudadana no solo se declama: se garantiza con reglas que la hagan posible. Cuando las asambleas se realizan en horarios inaccesibles, el resultado es previsible: baja concurrencia y menor diversidad de voces.

Esta modalidad no es nueva. Se trata de una práctica reiterada que, con el tiempo, ha ido vaciando de contenido a uno de los principales espacios de control ciudadano que tienen las comunas. En lugar de ser un ámbito de discusión abierta sobre la gestión, las asambleas terminan funcionando como instancias formales donde se convalidan decisiones con escasa participación real.

A este escenario se suma otro elemento que profundiza las críticas. Distintos testimonios locales señalan que, en el segundo llamado —donde el quórum requerido es menor— se promueve la asistencia de trabajadores comunales para garantizar la aprobación de los puntos incluidos en el orden del día. En muchos casos, se trata de empleados con condiciones laborales precarias, lo que instala un condicionamiento implícito difícil de soslayar y pone en discusión la libertad real de esa participación.

La situación adquiere mayor gravedad cuando se recuerda un antecedente reciente. En una asamblea anterior, los vecinos votaron la necesidad de publicar una auditoría en la que se señalaba la desaparición de aproximadamente 60 millones de pesos de las arcas públicas. Ese mandato, surgido de la propia instancia participativa que hoy se vuelve a convocar, nunca fue cumplido por la actual gestión.

Este incumplimiento no solo debilita la credibilidad institucional, sino que también vacía de sentido a la herramienta asamblearia. Si lo que se decide colectivamente no se ejecuta, la participación deja de ser un mecanismo de control para convertirse en un acto simbólico sin consecuencias reales.

En este contexto, la nueva convocatoria aparece más como una formalidad que como una instancia genuina de debate y rendición de cuentas. La combinación de horarios restrictivos, participación condicionada y antecedentes de decisiones incumplidas configura un escenario donde la democracia local se ejerce de manera limitada, lejos de los estándares que el propio discurso oficial dice promover.