Mientras la docencia rechaza la oferta salarial y profundiza el conflicto, en Villa Los Aromos se montó una postal de respaldo político a gestiones cuestionadas. Entre el relato institucional y la realidad, crece la distancia.

El conflicto docente en Córdoba sumó un nuevo capítulo este 29 de marzo, cuando la mayoría de las asambleas rechazó la tercera oferta salarial del Gobierno provincial y dejó abierto el camino a nuevas medidas de fuerza. La decisión no fue aislada ni impulsada únicamente por las conducciones gremiales, sino que reflejó un malestar extendido en las bases, donde la percepción es clara: los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y las propuestas oficiales no alcanzan a recomponer el poder adquisitivo.

Sin embargo, mientras el conflicto crece en las aulas y en la calle, la escena política parece transitar otro carril. En Villa Los Aromos, la reciente visita del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, dejó una imagen cuidadosamente construida, con dirigentes alineados y un discurso centrado en la gestión, sin referencias directas al reclamo docente. La presencia del ex intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, reforzó esa postal de cohesión política en un momento donde distintas administraciones locales vienen siendo cuestionadas por sus propias comunidades.

Ese intento de mostrar unidad contrasta con una realidad más compleja. En la misma localidad donde se escenificó el respaldo institucional, los vecinos vienen acumulando reclamos por falta de información, decisiones unilaterales y problemas en la ejecución de obras. El caso más visible es el de la red de gas, que lejos de consolidarse como un avance estructural, se transformó en un foco de conflicto abierto entre la comuna y la comunidad.

La polémica no se limita al costo de la obra, que según denuncian los vecinos fue fijado en dólares y de manera obligatoria para quienes quieran acceder al servicio, sino que se profundiza al revisar lo ocurrido en etapas anteriores. Allí aparece uno de los puntos más sensibles: la extensión de aproximadamente 600 metros de red que no estaba contemplada en el proyecto original y que habría beneficiado a funcionarios, entre ellos el propio jefe comunal Daniel Pastorino, sin que esos sectores asumieran costo alguno.

El contraste entre ese antecedente y la situación actual es lo que termina de tensionar el escenario. Mientras algunos habrían accedido al servicio sin pagar, hoy se les exige a los vecinos afrontar una obra en condiciones mucho más exigentes, en un contexto económico adverso. Esa diferencia no solo genera malestar, sino que instala una discusión más profunda sobre equidad, transparencia y uso de los recursos públicos.

En ese marco, la visita del ministro adquiere otro significado. Lo que se buscó presentar como una muestra de respaldo político y orden de gestión aparece, para una parte de la comunidad, como una puesta en escena que evita abordar los conflictos reales. La falta de respuestas concretas, tanto en el plano salarial docente como en las problemáticas locales, refuerza la sensación de que la política prioriza la construcción de imagen por sobre la resolución de los problemas.

Lo que queda en evidencia es una desconexión cada vez más marcada entre la agenda institucional y las demandas sociales. Mientras docentes y vecinos plantean reclamos concretos que afectan su vida cotidiana, las respuestas llegan en forma de actos, visitas y discursos que no logran cerrar esa brecha. En ese desfasaje es donde comienza a erosionarse algo más profundo que una gestión: la confianza en quienes gobiernan.