Las comunas que más fondos reciben concentran también amplios márgenes de discrecionalidad en el gasto. Con una caída prevista en la coparticipación, crece la presión sobre tasas locales y contribuyentes.

La distribución de recursos en el departamento Santa María no solo marca diferencias económicas entre comunas.
También deja al descubierto un problema más profundo: la falta de mecanismos de control y transparencia en el uso de esos fondos.

Según el índice de coparticipación vigente, las comunas con mayores transferencias son:

• Valle de Anisacate (1,63)
• Los Cedros (1,47)
• Villa Los Aromos (1,44)
• Villa San Isidro – La Quintana (1,42)
• Villa La Bolsa (1,37)

En el otro extremo:

• La Paisanita (0,52)
• La Rancherita y Las Cascadas (0,48)
• San Clemente (0,47)

La brecha es significativa: algunas comunas reciben más del triple que otras dentro del mismo departamento.

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Recursos sin controles proporcionales

Pero el punto más sensible no está solo en cuánto reciben, sino en cómo se ejecutan esos recursos.

A diferencia de los municipios —que cuentan con estructuras más consolidadas de control, ordenanzas de contratación más restrictivas y mayor exposición institucional—, muchas comunas operan con:

• Amplios márgenes para compras directas
• Escasa publicación sistemática de actos administrativos
• Presupuestos con bajo nivel de desagregación pública
• Controles diferidos en el tiempo

En la práctica, esto se traduce en una alta discrecionalidad del gasto, donde los presidentes comunales pueden definir asignaciones de recursos con poca o nula competencia real entre oferentes.

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Transparencia: la deuda estructural

En varias localidades del departamento, vecinos y actores institucionales vienen señalando problemas recurrentes:

• Publicación incompleta o tardía de resoluciones
• Falta de acceso a información presupuestaria clara
• Cambios administrativos sin comunicación oficial
• Escasa rendición de cuentas accesible

El problema no es solo legal.
Es político.

Porque cuando el control llega tarde —o no llega—, la transparencia deja de ser una obligación y pasa a ser una opción.

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La variable que empieza a cambiar el escenario

En paralelo, comienza a aparecer un dato que puede modificar el equilibrio actual: la caída en la recaudación y su impacto en la coparticipación.

Las proyecciones indican que las transferencias provinciales podrían sufrir recortes en los próximos meses, producto de una menor recaudación general.

Esto abre un nuevo escenario para las comunas:

• Menos recursos automáticos
• Mayor presión sobre la administración local
• Y una salida casi inevitable: aumentar tasas y contribuciones

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El riesgo de trasladar el ajuste

Cuando baja la coparticipación, el margen de maniobra se reduce. Y en estructuras con alta discrecionalidad, la respuesta suele ser directa: trasladar el costo al vecino.

Esto ya empieza a percibirse en distintas localidades:

• Incrementos en tasas
• Nuevos cargos o conceptos administrativos
• Mayor presión fiscal sobre contribuyentes

El problema es que ese ajuste no siempre viene acompañado de mejoras en servicios.

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Más recursos, más responsabilidad

La discusión de fondo no es técnica. Es institucional. Si una comuna recibe más fondos, debería tener:

• Más controles
• Más transparencia
• Más planificación
• Y mejores resultados en la vida cotidiana

Sin embargo, en muchos casos ocurre lo contrario: más recursos conviven con estructuras débiles de control.

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El debate que no llega

En el departamento Santa María, la coparticipación expone una tensión que sigue sin resolverse:

quién controla a quienes administran recursos públicos en territorios con baja institucionalidad formal.

La respuesta no puede seguir siendo la misma.

Porque en un contexto donde los recursos empiezan a escasear y la presión fiscal crece, la transparencia deja de ser un valor deseable y pasa a ser una necesidad urgente.