Fuego, tierra y negocios: los cambios que se discuten y encienden alertas en Córdoba
El Gobierno nacional impulsa modificar la Ley de Manejo del Fuego y eliminar restricciones sobre tierras incendiadas. En las sierras cordobesas, donde el fuego es una amenaza recurrente, el impacto podría ser profundo.
La discusión sobre la modificación de la Ley de Manejo del Fuego vuelve a poner en tensión una pregunta de fondo:
qué pasa con la tierra después de un incendio.
La normativa vigente establece restricciones claras: durante décadas, las superficies afectadas por incendios no pueden cambiar su uso ni ser destinadas a emprendimientos productivos o inmobiliarios. La lógica es simple: evitar que el fuego sea utilizado como herramienta para reconfigurar el territorio.
Sin embargo, el Gobierno nacional impulsa cambios que apuntan a eliminar o flexibilizar esas restricciones, bajo el argumento de facilitar inversiones y garantizar derechos de propiedad.
La discusión no es menor.
Y en Córdoba, mucho menos.
Córdoba: donde el fuego no es una excepción
Las sierras cordobesas conviven desde hace años con incendios recurrentes, potenciados por sequías, altas temperaturas y vientos intensos.
No se trata solo de fenómenos naturales.
El fuego en Córdoba también tiene historia política, económica y territorial.
Cuando se quema una zona serrana, no solo se pierde biodiversidad. También quedan en juego:
- El valor de la tierra
- El avance urbano
- El uso productivo del suelo
- La presión inmobiliaria
Por eso, las restricciones actuales no son un detalle técnico. Son un límite.
Qué cambiaría con la reforma
Si avanzan las modificaciones, uno de los principales cambios sería la posibilidad de levantar las prohibiciones para cambiar el uso de las tierras incendiadas.
Esto implicaría, en términos concretos:
- Poder desarrollar proyectos inmobiliarios en zonas quemadas
- Habilitar actividades productivas donde antes estaban restringidas
- Reducir los plazos o directamente eliminar las prohibiciones vigentes
El problema no es lo que habilita.
Es lo que puede incentivar.
Porque históricamente, en distintas regiones del país, el fuego fue utilizado como herramienta para “limpiar” terrenos y habilitar nuevos negocios.
El riesgo en las sierras
En el caso de Córdoba, el impacto sería especialmente sensible.
Las zonas serranas combinan tres factores críticos:
- Alta recurrencia de incendios
- Creciente presión inmobiliaria
- Fragilidad ambiental del ecosistema
Cuando el fuego avanza, el daño no termina cuando se apagan las llamas.
El suelo queda debilitado, aumenta el riesgo de erosión y la recuperación ambiental puede demorar décadas.
En ese contexto, permitir cambios de uso en esas tierras podría acelerar procesos de transformación territorial sin planificación.
Prevención o reacción
La ley actual forma parte de un esquema más amplio que regula la prevención, el combate y la recuperación frente a incendios a través de un sistema federal coordinado.
Modificar ese marco no solo cambia reglas sobre la tierra.
También redefine el enfoque:
- De la prevención al mercado
- Del cuidado ambiental a la flexibilización
- Del control estatal a la lógica de la inversión
Y ahí aparece otra discusión:
qué rol debe tener el Estado en territorios vulnerables al fuego.
Una discusión que baja al territorio
En lugares como Paravachasca, Punilla o Calamuchita, el debate no es abstracto.
Es concreto:
- Son vecinos que ven avanzar el fuego cada verano
- Son bomberos voluntarios que enfrentan condiciones extremas
- Son comunidades que reconstruyen después de cada incendio
Y son territorios donde el crecimiento urbano ya viene tensionando los límites ambientales.
En ese escenario, cualquier cambio en las reglas del suelo no es neutro.
Define el futuro.
Más que una ley
La discusión sobre el manejo del fuego es, en realidad, una discusión sobre modelo de desarrollo.
Entre proteger el territorio o flexibilizarlo.
Entre prevenir o reaccionar.
Entre planificar o habilitar.
En Córdoba, donde el fuego no avisa pero siempre vuelve, esa discusión no puede darse lejos del territorio.
