El Gobierno provincial presentó una nueva propuesta salarial que mejora el impacto inmediato en el bolsillo y suma beneficios sectoriales. Sin embargo, abandona el esquema de actualización automática por inflación y reabre el debate sobre la pérdida salarial a mediano plazo.

La negociación salarial docente en Córdoba sumó un nuevo capítulo con la presentación de la cuarta propuesta del Gobierno provincial. A diferencia de las anteriores, el eje ya no está puesto exclusivamente en la previsibilidad frente a la inflación, sino en generar un impacto concreto e inmediato en los ingresos.

El cambio no es menor. Mientras la tercera propuesta había sido valorada por establecer aumentos mensuales atados al índice de precios —una herramienta clave en un contexto inflacionario—, la nueva oferta introduce una lógica distinta: un incremento inicial significativo acompañado por una actualización fija del 2% mensual y una revisión recién hacia octubre.

En términos concretos, la cuarta propuesta mejora claramente el corto plazo. Los aumentos anunciados para abril implican subas importantes en los salarios docentes, con retroactivos incluidos, lo que representa un alivio inmediato en un contexto económico complejo. A esto se suma la garantía de un piso de aumento anual del 40%, junto con la continuidad de puntos que ya habían sido incorporados en la propuesta anterior, como el fortalecimiento del FONID, la eliminación de topes en adicionales y la suspensión de descuentos vinculados a determinados ítems.

Además, el Gobierno incorporó mejoras específicas para ciertos sectores del sistema educativo, como cargos directivos y de supervisión, junto con actualizaciones en asignaciones familiares. Incluso, sumó un gesto político al comprometerse a no descontar días de paro recientes, buscando descomprimir el conflicto.

Sin embargo, el aspecto más controvertido es también el más estructural: la salida del esquema de actualización automática por inflación. A diferencia de la tercera propuesta, donde los salarios se ajustaban mes a mes según el índice de precios, la nueva fórmula fija un aumento del 2% mensual que, en un contexto inflacionario como el argentino, puede quedar rápidamente desfasado.

Este cambio implica un riesgo concreto: si la inflación supera ese porcentaje, el salario docente volvería a perder poder adquisitivo, algo que la propuesta anterior buscaba evitar. En ese sentido, la cuarta oferta aparece como una herramienta más efectiva para desactivar el conflicto en el corto plazo que para garantizar una recomposición sostenida en el tiempo.

A esto se suma la persistencia de componentes no remunerativos dentro de la estructura salarial, una característica que atraviesa todas las propuestas y que continúa generando preocupación, especialmente por su impacto en las jubilaciones y en la consolidación del salario básico.

La comparación entre las cuatro propuestas deja en evidencia una estrategia progresiva por parte del Gobierno: pasar de esquemas inciertos y condicionados por la recaudación a modelos más previsibles, y finalmente a una propuesta que prioriza el impacto inmediato por sobre la estabilidad a largo plazo.

En ese recorrido, la tercera propuesta aparece como la más sólida desde el punto de vista técnico, al garantizar la actualización por inflación sin condicionamientos. La cuarta, en cambio, se posiciona como la más atractiva en términos políticos y de corto plazo, aunque con mayores riesgos hacia adelante.

El dilema para la docencia cordobesa no es menor: aceptar una mejora tangible hoy o sostener una herramienta que, aunque menos visible, ofrecía mayor protección frente a la inflación. La discusión, lejos de cerrarse, vuelve a poner en el centro una pregunta clave: si el objetivo es sostener el salario o recuperarlo.